El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, presentó un punto de acuerdo para solicitar al Gobierno federal transparentar los criterios del programa Viviendas para el Bienestar y si cumplen con los estándares nacionales e internacionales de vivienda adecuada.
La propuesta busca que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Infonavit informen al Senado sobre los polígonos y predios donde se desarrollan las viviendas, los criterios utilizados para seleccionar los terrenos, así como la institución responsable de su ejecución, supervisión y entrega.
También se busca transparentar los criterios de elegibilidad para designar a las personas beneficiarias, los costos, fuentes de financiamiento, crédito y condiciones de pago de las viviendas, y los nombres de las desarrolladoras, constructoras y actores que participan en su construcción, financiamiento, supervisión y entrega.
El legislador por Jalisco sostuvo que una vivienda adecuada significa más que cuatro paredes, por lo que también pidió al Gobierno federal aclarar si este programa cumple con los parámetros nacionales e internacionales como: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios básicos, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación adecuada, sustentabilidad y adecuación cultural.
“No basta con construir unidades habitacionales: es necesario garantizar que se trate de viviendas seguras, accesibles, habitables, asequibles, con servicios, ubicadas en entornos integrados y con certeza jurídica para sus ocupantes”, sostuvo el senador.
“Si el programa pretende atender a millones de personas y transformar la política habitacional del país, es indispensable conocer dónde se están construyendo las viviendas, bajo qué criterios se seleccionaron los predios, qué estándares técnicos se aplican, quiénes son las personas beneficiarias, cuáles son los mecanismos de asignación y cómo se evitará que la política pública derive en discrecionalidad, clientelismo, urbanización deficiente o desarrollos alejados de servicios”.
El coordinador parlamentario consideró que en un país con antecedentes de vivienda social construida en periferias alejadas, sin servicios, sin transporte, sin equipamiento y con altos niveles de abandono, el Estado mexicano debe ser transparente y garantizar que el programa está diseñado desde la coordinación metropolitana, la participación social y comunitaria, y el cumplimiento de los criterios de vivienda adecuada.
