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Piden fortalecer las estrategias para facilitar el primer empleo de jóvenes y grupos vulnerables

La Comisión Permanente exhortó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a sus 32 homólogas estatales y al Servicio Nacional de Empleo para que fortalezcan las políticas, programas, estrategias, así como los mecanismos de intermediación y vinculación laboral orientados a facilitar el primer empleo de personas jóvenes y grupos vulnerables.

Las y los legisladores destacaron que el acceso al primer empleo representa uno de los principales desafíos para este sector, por lo que es necesario fortalecer las acciones que favorezcan su incorporación al trabajo.

En el documento, aprobado en votación económica, destacaron que el talento de los jóvenes no debe desperdiciarse por la barrera estructural de la falta de experiencia, la cual genera un círculo vicioso que excluye a miles de personas del mercado laboral formal.

De acuerdo con un diagnóstico sobre la brecha laboral en México para el periodo 2025-2026, al primer trimestre de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó la creación de solo 207 mil 604 puestos de trabajo, cifra inferior a la meta necesaria para absorber a la población joven que se incorpora a las actividades productivas de manera formal.

Los legisladores agregaron que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el primer trimestre de 2025 México contaba con 30.4 millones de personas jóvenes de entre 15 y 29 años, y 15.9 millones formaban parte de la Población Económicamente Activa (PEA), equivalente al 26.3 por ciento de la fuerza laboral del país.

La tasa nacional de desocupación fue de 2.5 por ciento, pero entre las personas jóvenes alcanzó 4.8 por ciento.

Por ello, insistieron en que fortalecer los mecanismos institucionales de intermediación laboral y capacitación representa una herramienta indispensable para reducir las barreras que históricamente han limitado su acceso al empleo formal; además de que la inclusión laboral de las personas con discapacidad constituye una prioridad de política pública y un compromiso del Estado mexicano.

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