El gobernador constitucional del Estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, fijó hoy la postura del gobierno poblano ante los señalamientos realizados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y ante el debate nacional en torno a la soberanía y las facultades de las entidades federativas frente a presiones externas.
El mandatario fue enfático en señalar que ninguna entidad federativa puede asumir atribuciones que corresponden de manera exclusiva a la Federación, en particular en materias de seguridad nacional y relaciones internacionales. Las entidades federativas por ley no pueden acordar con un país extranjero, y mucho menos hacer acuerdos para la participación de agentes extranjeros en su territorio, pues ello implicaría una afectación directa a la soberanía nacional.
Ante la pregunta sobre si acudiría al Senado de la República en caso de ser convocado, el gobernador respondió afirmativamente: ´Si un gobernador no acude, está desacatando una orden de un poder facultado constitucionalmente para convocar’. Señaló que el Congreso de la Unión es la representación del pacto federal y sus atribuciones deben respetarse.
El gobernador expresó su pleno respaldo a la postura de la presidenta la Doctora Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que si la Fiscalía General de la República recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, deberá proceder conforme a derecho. Sin embargo, de no existir tales pruebas, es evidente que el objetivo de las imputaciones del Departamento de Justicia es de carácter político. La postura presidencial, resumida en las palabras ‘verdad, justicia y defensa de la soberanía’, fue respaldada íntegramente por el ejecutivo poblano.
Armenta Mier invocó el marco constitucional vigente: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo de México, y la Constitución establece que bajo ninguna circunstancia se aceptará la intervención, intromisión o actos del extranjero que lesionen la integridad, independencia o soberanía del país. Igualmente, señaló que no se consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin autorización y colaboración expresa del Estado mexicano.
En el ámbito del derecho penal, el gobernador recordó que el Código Penal Federal tipifica como traición a la patria, entre otras conductas, solicitar la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero, o solicitar que ese Estado haga la guerra a México. ‘La soberanía no es una consigna vacía, es un mandato constitucional’, afirmó.
Puebla tiene una deuda histórica con la defensa de la soberanía: el 5 de mayo, fecha que marcó la victoria frente a la intervención francesa de 1862, es parte del alma poblana y del patrimonio simbólico de la República. ‘En Puebla, el 5 de mayo, históricamente fuimos ejemplo de combate a una intervención extranjera’, recordó.






