El Gobierno del Estado de México fortaleció la protección de la libertad de expresión y de los derechos humanos con la renovación del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos para el periodo 2026-2030.
Durante la Sexta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno, se eligió por votación unánime a 13 personas consejeras propietarias y 13 suplentes que integrarán este órgano, encargado de asesorar y proponer acciones en la materia.
La Coordinación Ejecutiva del Mecanismo, adscrita a la Consejería Jurídica, informó que las personas participantes presentaron sus propuestas de trabajo y provienen de distintas regiones de la entidad.
Las personas consejeras propietarias son: Sergio Rubén Jaime Villafuerte, Martha Elena González Aguilera, Diana Mancilla Álvarez, Maricruz Rivera Garzón, Juan Antonio Mondragón Miramontes, Sara Razo Montoya, Veneranda Mendoza Herrera, Carlos Hernández Zarza, José Antonio Zavaleta Landa, Manuel Alejandro Carrillo Segovia, Rebeca López Reyes, Fabiola Vite Torres y Laura Barranco Pérez.
Como suplentes se designó a: María del Carmen Salazar Estrada, Noemí Muñoz Cantú, Ma. Elena Álvarez Sánchez, Martha Azucena Delgado Ruiz, Víctor Veloz Espejel, Claudia Silvia Maldonado Sánchez, Ma. Nicomedes Pimentel González, Paulina Lemus Hernández, Eduardo Alonso Pérez, Raúl Eduardo García Víquez, Sandra Beatriz López García, Héctor Hugo Arreola Galván y Ana Karelia González Roselló.
El Consejo Consultivo funge como órgano de consulta de la Junta de Gobierno y se integra por profesionales del periodismo y personas defensoras de derechos humanos. Su labor impulsa la promoción de políticas públicas, programas y proyectos en la materia.
Como siguiente etapa, las y los integrantes rendirán protesta y elegirán a la Presidencia y la Secretaría del Consejo, así como a cuatro representantes que se integrarán a la Junta de Gobierno del Mecanismo.
Con esta renovación, el Gobierno del Estado de México refuerza las condiciones para que periodistas y personas defensoras ejerzan su labor en entornos de seguridad, respeto y libertad.
