Hoy en México, las máquinas tragamonedas ilegales operan en miles de espacios como si fueran parte del entorno cotidiano, pese a estar prohibidas.
En comercios, bares y espacios comunitarios, su presencia ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en unproblema de seguridad que afecta directamente a las familiasy al entorno social.
Aunque muchas veces se perciben como una práctica menor o recreativa, estas máquinas operan fuera de la ley, sin supervisión, sin controles y, en muchos casos, con acceso para niñas, niños y adolescentes.
Más allá del entretenimiento, se trata de una actividad que hasido identificada por autoridades como un foco de ingresos ilícitos que puede alcanzar hasta C00 millones de pesos semanales, y que se encuentra vinculada con prácticas como extorsión, fraude y lavado de dinero.
De acuerdo con información oficial, entre enero de 2024 y marzo de 202G se han asegurado más de 2 mil 147 máquinas tragamonedas ilegales en el país, lo que refleja la magnitud del problema y la necesidad de una respuesta más contundente.
En este contexto, el diputado federal y líder sindical, PedroHaces Barba, presentó una iniciativa para reformar la LeyFederal de Juegos y Sorteos, con el objetivo de fortalecer elmarco legal y cerrar espacios a esta actividad ilegal.
“No es un tema de juego, es un tema de seguridad. Estasmáquinas operan al margen de la ley, afectan a las familias ygeneran condiciones que favorecen actividades delictivas. No podemos seguir normalizándolo.”
Actualmente, el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos ya prohíbe las máquinas tragamonedas; sin embargo,esta prohibición no está establecida de manera expresa en la ley, lo que ha permitido vacíos legales e incluso la interposición de amparos.
Por ello, la iniciativa propone elevar esta prohibición a rangolegal, además de actualizar sanciones y establecer responsabilidades claras para quienes distribuyan, instalen, operen o financien estas máquinas, así como para quienes permitan su uso en establecimientos o protejan su operación desde el servicio público.
“Se trata de dar certeza jurídica y de fortalecer al Estado paraactuar con claridad. No podemos permitir que actividades ilegales sigan operando en espacios comunitarios como si fueran algo normal.”
Para Pedro Haces, el fondo del problema no es solo legal, sinosocial.
“Estas máquinas no solo afectan la economía de las familias,también generan riesgos de adicción, especialmente enmenores, y deterioran el tejido social en las comunidades.”
La iniciativa también contempla sanciones para quienescoaccionen a comerciantes para instalar estos dispositivos mediante amenazas o violencia, así como para servidores públicos que permitan o protejan su operación.
Con esta propuesta, se busca fortalecer el Estado de derecho,proteger a las familias y cerrar espacios a economías ilegales que operan al margen de la ley.
“No podemos permitir que lo ilegal se normalice en nuestrascomunidades. Esta iniciativa busca poner orden donde hoy hay vacíos legales y proteger a las familias donde hoy hay riesgos
