Ante diputadas y diputados de la Comisión de Bienestar, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, destacó que 42.8 millones de mexicanas y mexicanos han sido beneficiarios de los programas para el bienestar, lo que significa 10.7 millones de derechohabientes más que en 2025.
En su comparecencia con motivo del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que rindió protesta de decir verdad, la funcionaria agregó que no hay apoyos duplicados, porque permanentemente se audita el padrón de beneficiarios.
“Es un padrón único, auditable, público, transparente y se puede consultar en la página de la dependencia a quién se benefició y con cuánto. “No hay nada que ocultar; la actualización se hace trimestral”.
Precisó que actualmente el padrón tiene dos auditorías correspondientes al ejercicio fiscal 2025 y las solicitudes de información al momento se están cumplimentando. “No va a haber ningún problema; es un padrón que tiene certidumbre, reúne el registro de las personas derechohabientes que reciben el apoyo, se valida trimestralmente con el RENAPO y con la CURP”.
Subrayó que la política de bienestar está garantizada en el manejo responsable del presupuesto público que es aprobado por la Cámara de Diputados, y “más de un billón de pesos para 2026 están hoy mismo siendo destinados a las necesidades más apremiantes de todas y todos”.
Además, todos los apoyos que se hacen son directos, sin intermediarios, sin condicionamientos, son directamente a la gente. Indicó que se garantiza la imparcialidad de los programas de bienestar cuando se logra que se hagan los que son de manera universal o los que reúnen los requisitos mínimos necesarios.
Informó que la dependencia garantiza que el equipo de los Servidores de la Nación que coordina la dependencia no se involucre en cuestiones electorales.
“Cuando hay una denuncia –agregó– se procede y, en este momento, no tenemos una denuncia. Hay una capacitación permanente y reunión con ellos para hablar de la importancia que tiene dar certidumbre a todo lo que se hace y no vale la pena que alguno se involucre en el proceso electoral, dado que son programas universales”. Y sí hay una relación con la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales.
Destacó que en la revisión de la Cuenta Pública 2024 la Auditoría Superior de la Federación fiscalizó cientos de miles de millones de pesos correspondientes a los programas de la Secretaría de Bienestar, y los montos que fueron necesario aclarar “no son significativos en cuanto al monto, pero sí es importante precisarlos todos. Se determinaron seis acciones por 5 millones de pesos, de los cuales ya se han subsanado 1.5 millones, lo que representa menos del 0.001 por ciento del presupuesto”.
“No hay nada oscuro, no hay malos manejos, nuestro compromiso es la atención de las observaciones y no nos limitamos a observar los casos particulares, sino identificamos las causas y corregimos las diferencias. La fiscalización es fundamental y son derechos y obligaciones las que tenemos”, afirmó.
Comentó que todo lo que se utiliza para apoyo de la gente representa el 98.55 por ciento del presupuesto y el gasto de operación es del 1.4 por ciento. De igual forma, todos los programas de bienestar están sometidos a distintas evaluaciones.
Propuso mesas de trabajo con diputadas y diputados para discutir y revisar dato por dato, pues todo es público, transparente y no se oculta nada, todo es verificable, pues “lo más importante es el manejo correcto de los recursos públicos para el beneficio del pueblo”.
Que el presupuesto a bienestar responda a las necesidades
La presidenta de la Comisión, diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT), comentó que hablar de bienestar es referirse a uno de los temas más importantes para el presente y futuro del país, y hoy se dejó de planear únicamente como una forma de asistencia para convertirse en una responsabilidad permanente del Estado mexicano.
Desde el Poder Legislativo –dijo– se seguirá trabajando para que los derechos sociales se fortalezcan y el presupuesto destinado al bienestar responda a las necesidades de las y los mexicanos, porque el bienestar de la población debe ser una prioridad permanente de las instituciones del Estado. La responsabilidad es seguir construyendo un México donde los derechos se ejerzan plenamente, las oportunidades lleguen a todas las regiones y ninguna persona quede excluida del desarrollo nacional.
Resaltó que el bienestar no puede ser el privilegio de unos cuántos mientras millones de mexicanos siguen luchando por salir adelante. “El dinero público no pertenece a ningún partido político, los recursos públicos son del pueblo de México y deben servirle. Los derechos sociales no se mendigan, se ejercen; la dignidad del pueblo no se negocia, se respeta, y el bienestar de las familias no es una promesa que puede esperar, es una responsabilidad que debemos cumplir”.
Morena
La diputada Olegaria Carrazco Macías resaltó que se han dado pasos significativos en la protección de las personas con discapacidad, por lo que se deben conocer los retos y las acciones previstas para que este apoyo llegue a más personas que lo necesitan. Preguntó cuáles son los principales factores por los que no todas las personas con discapacidad reúnen los criterios de elegibilidad o para acceder a este apoyo.
A su vez, la diputada Celeste Mora Eguiluz afirmó que el programa Sembrando Vida constituye uno de los más exitosos y beneficia directamente a las personas que trabajan el campo e impulsa la restauración y conservación ecológica del país. Actualmente beneficia a 414 mil 80 campesinas y campesinos y desde su creación se han plantado mil 202 millones de árboles de especies nativas y endémicas.
En tanto, la diputada Flor de María Esponda Torres señaló que entre 2028 y 2024 México logró avances históricos en la reducción de la pobreza al sacar de esa condición a más de 13.5 millones de mexicanas y mexicanos, como consecuencia de los programas para el bienestar y los incrementos sostenidos al salario mínimo. Resaltó que el 41.4 por ciento de los hogares mexicanos recibe algún programa social.
El diputado Carlos Alonso Castillo Pérez destacó que la columna vertebral del Gobierno Federal es el bienestar del pueblo y ello ha puesto a esta nación como una de las mejores economías de América. La universalidad de la política de bienestar blinda los derechos sociales. Agradeció a la funcionaria “por materializar los derechos ya consagrados en la Constitución”.
La diputada Felicita Pompa Robles aseguró que el bienestar del pueblo es la prioridad del gobierno y los resultados se reflejan en la vida de las familias mexicanas. Las personas adultas mayores, las madres trabajadoras y las personas con discapacidad hoy reciben un apoyo. Reconoció la labor realizada por la funcionaria, “cuyo compromiso y trabajo contribuyeron al fortalecimiento de la política del bienestar del país”.
PAN
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández celebró que el esfuerzo de la Secretaría abarque a 43 millones de personas en la cobertura de los programas sociales; sin embargo, el monto presupuestario es grande que resultan dudas sobre el ejercicio de este recurso, ya que no hay transparencia. Destacó la importancia de tener una garantía de que la Secretaría de Bienestar y la estructura de los Siervos de la Nación no se inmiscuyan en las elecciones de 2027 y conocer cuántas personas están registradas en esta estructura.
La diputada María Isabel Rodríguez Heredia expresó su preocupación por cómo se va a sostener la política social conforme la población vaya envejeciendo, porque cada día existen más personas adultas mayores que necesitan pensión y cuidados. “Cómo se va a financiar ese compromiso sin poner en riesgo otros servicios” y la expansión de las pensiones sin recurrir a un endeudamiento del país.
El diputado Roberto Sosa Pichardo recordó que en años anteriores, cuando la Auditoría Superior de la Federación revisaba los programas sociales, encontró fallas muy graves como pagos a 13 mil 30 personas después de su fallecimiento y 7 mil 629 beneficiarios sin CURP. En junio se entregó la primera revisión de la Cuenta Pública 2025 donde de 33 auditorías realizadas ninguna fue a programas sociales. “Lo que no se mide no se puede mejorar” y a la falta de transparencia se le suma que el dinero ya no alcanza”.
PVEM
Por su parte, la diputada Blanca Estela Hernández Rodríguez señaló que el programa Sembrando Vida representa un esfuerzo de gran escala que busca conjugar la inclusión productiva y el bienestar comunitario con la regeneración de los ecosistemas mediante el establecimiento de sistemas agroforestales en diversas regiones, por lo que es relevante saber qué resultados se tienen en los ingresos de las familias campesinas, la supervivencia de las plantas establecidas, la recuperación de ecosistemas y la rentabilidad de los sistemas productivos.
En opinión del diputado Héctor Alfonso de la Garza Villarreal con el Banco del Bienestar México construyó la red bancaria pública más grande de su historia y los apoyos llegan de manera directa, sin intermediarios. Estimó que el siguiente paso debe ser proteger ese apoyo y contemplar mecanismos institucionales que, en coordinación con el banco, se conviertan en centros de microahorros protegidos, microcréditos y microseguros comunitarios.
PT
El diputado Adrián González Naveda estimó que hace falta armonizar algunas leyes secundarias para fortalecer la operación de la política social y algunas cuestiones específicas de cada programa que se consideran muy importantes, ya que cada uno tiene sus características. Se debe aprovechar esta coyuntura para hacer modificaciones a la Ley General de Desarrollo Social, por lo que invitó a la secretaria a realizar un trabajo conjunto para saber cuáles son los principales aspectos a analizar.
En su intervención, el diputado Jesús Roberto Corral Ordóñez enfatizó que con los programas sociales millones de personas reciben beneficios y apoyos sin intermediarios, como son los adultos mayores, las mujeres de 60 años, Salud Casa por Casa, y niñas, niños y jóvenes. Pidió saber cómo llegará a todas las personas adultas mayores el servicio universal de salud antes de 2027, y cómo se fortalecerá la cobertura en las comunidades más alejadas. Pidió revisar la accesibilidad del Banco del Bienestar.
El diputado José Alejandro López Sánchez estimó importante conocer cuáles son los principales resultados que ha alcanzado el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas a nivel nacional y en Oaxaca durante 2025-2026, y qué acciones contempla la Secretaría de Bienestar para fortalecer este programa, garantizar que ninguna comunidad indígena o afromexicana quede excluida y consolidar la entrega directa de recursos como un instrumento permanente de justicia y autonomía comunitaria.
PRI
A su vez, el diputado Christian Mishel Castro Bello expresó su preocupación de si el presupuesto de 2027 será suficiente para atender todas las demandas reales de los programas sociales, ya que se habla de aproximadamente un billón 25 mil millones de pesos, cantidad extraordinaria que exige metas claras, transparencia y resultados medibles. “El problema es que el monto global por sí solo no demuestra que la cobertura sea suficiente. Necesitamos saber con precisión cuántas personas cumplen los requisitos, cuántas reciben efectivamente los apoyos, y cuántas están en la lista de espera”.
El diputado Víctor Samuel Palma César refirió que en 2024 se llevó a cabo la medición de la pobreza y de las carencias sociales y señalan que el avance fue fundamentalmente por el incremento que se tuvo en los ingresos salariales y no se le da un gran peso a los programas sociales en cuanto a la reducción de la pobreza. Ante ello, se requiere saber qué evaluaciones ha realizado la Secretaría de Bienestar para determinar qué proporción de las mejoras registradas en ese año responde a condiciones estructurales y sostenibles.
MC
El diputado Gildardo Pérez Gabino subrayó que una política social verdaderamente incluyente debe ir más allá de las transferencias. En materia de discapacidad se debe superar la visión actual y avanzar hacia un modelo basado en el pleno ejercicio de los derechos humanos. En su opinión es necesario conocer qué acciones se impulsan para transitar de una política centrada en los apoyos económicos hacia una política integral que garantice el ejercicio de todos los derechos de las personas con discapacidad, acceso a educación inclusiva, empleos, vivienda y movilidad.
La diputada María de Fátima García León afirmó que la política social debe ser un instrumento para garantizar derechos, no una herramienta para generar dependencia ni para sustituir la responsabilidad del Estado de construir oportunidades. Los apoyos económicos son importantes, pero también lo son el acceso a la salud, educación, vivienda, seguridad, empleo y servicios básicos. Es relevante transparentar los recursos destinados para los programas sociales y saber de qué manera se atienden a las personas adultas mayores que no tienen acceso al Banco del Bienestar.
Más de 13.4 millones de personas han salido de la pobreza en 6 años
La titular de la Secretaría de Bienestar argumentó que con los gobiernos de la Cuarta Transformación más de 13.4 millones de personas han salido de la pobreza en tan solo 6 años. Eso se logró con el aumento del salario mínimo, que pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 315 en el 2026, esto es 154 por ciento más en términos reales, así como las políticas de bienestar que apoyan a los que menos tienen con el fortalecimiento de la inversión pública y privada.
Mencionó que hoy son casi 14 millones los derechohabientes de la pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, lo que representa una inversión social anual cercana a 527 mil millones de pesos. Hay una verificación permanente del padrón de beneficiados, el cual tiene un alto nivel de seguridad, es vivo y se puede tener la confianza que todos los adultos mayores de 65 años tienen derecho a recibir el apoyo, así como las mujeres de 60 a 64 años de edad. No hay adultos mayores fuera.
La Pensión Mujeres Bienestar cuenta con 2.8 millones de mujeres derechohabientes de 60 a 64 años, lo cual significa una inversión social de 57 mil millones de pesos, y en su primer año esta pensión alcanzó un millón de mujeres derechohabientes y durante 2026 casi se triplicó.
Con el programa de bienestar Salud Casa por Casa se han realizado 27 millones de visitas para acercar a la población los servicios médicos. Además, en coordinación con la Secretaría de Salud se implementa el programa La Clínica es Nuestra.
La funcionaria destacó que hoy 1.8 millones de mexicanas y mexicanos reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, casi 400 mil derechohabientes más que el año pasado, con un presupuesto de más de 36 mil millones de pesos. Ese derecho constitucional hoy alcanza a personas de entre 0 y 29 años con cobertura a nivel nacional, y por medio de los acuerdos firmados con 24 estados de la República se amplía a las personas de 30 a 64 años en esas entidades federativas.
El Apoyo para la Rehabilitación e Inclusión de Niñas y Niños con Discapacidad actualmente beneficia a 28 mil niñas y niños, los cuales son atendidos en 24 centros de rehabilitación en 20 entidades de la República. En estos centros se han brindado 6.3 millones de terapias totalmente gratuitas para las familias.
De igual modo, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas, Niños, e Hijos de Madres Trabajadoras beneficia a menores de cero a 4 años y de cero a 6 años en comunidades indígenas, y actualmente se incluyen a 195 mil mujeres trabajadoras y cuenta con una inversión social anual de 3 mil 200 millones de pesos.
Resaltó que en la actualidad 19.5 millones de estudiantes de nivel básico hasta la universidad reciben becas escolares. Con apoya de la Secretaría de Educación Pública se desarrolla el Programa La Escuela es Nuestra, en el cual se entregan recursos directamente a las comunidades para mejorar los planteles.
El Programa Sembrando Vida, que opera en mil 113 municipios de 24 estados, cuenta con 423 mil sembradoras y sembradores, se han cultivado mil doscientos millones de plantas y árboles, en más de un millón de hectáreas que están bajo manejo agroforestal. Tiene presencia en 19 de los 21 Planes de Justicia, y participan poco más de 143 mil mujeres productoras e incluye a cerca de 178 mil personas indígenas y 3 mil personas afromexicanas.
Además, se han destinado recursos de manera directa a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), de los cuales el 10 por ciento es ejercido directamente por los pueblos y las comunidades a través del componente indígena y afromexicano (FAISPIAM), y cerca de 20 mil pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas han sido beneficiados, con una inversión social en 2026 de 13 mil quinientos millones de pesos.
Con la estrategia México Te Abraza, hasta el 13 de agosto de este año se han otorgado más de 1.5 millones de servicios. La Secretaría de Bienestar, al ser responsable de los Centros Integradores para el Migrante, en Tijuana, Juárez y Matamoros se han atendido a cerca de 5 mil personas, con una inversión social mayor a 384 millones de pesos de enero a julio de 2026, y a las mexicanas y a los mexicanos repatriados se les han entregado más de 207 mil tarjetas para cubrir gastos inmediatos de traslado y alimentación en el regreso a sus comunidades de origen.
También, en 2025 se respondió de manera directa en el territorio ante fenómenos meteorológicos en el Pacífico apoyando directamente a 320 mil personas censadas tras el paso del huracán Erick y las tormentas Priscilla y Raymond en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Por las lluvias torrenciales de octubre de 2025 se tuvo una inversión de 15 mil 700 millones de pesos en apoyos directos para la limpieza, rehabilitación y recuperación de viviendas, comercios y cultivos en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
