A pesar de que las plataformas digitales de transporte ofrecen recursos como seguimiento de trayectos, identificación de vehículos y botones de emergencia, estas medidas son insuficientes y no han eliminado los riesgos de acoso, abuso sexual, violación y otras agresiones durante los traslados, advirtieron integrantes de la Primera Comisión de la Permanente.
En un dictamen que aprobó este órgano el pasado 12 de agosto, las y los legisladores destacaron que las mujeres enfrentan condiciones de especial vulnerabilidad al viajar solas, de noche o por zonas desconocidas, y que la prevención de la violencia no puede trasladarse indebidamente a las usuarias mediante recomendaciones para que adopten precauciones individuales.
Dicho documento solicita que los gobiernos estatales y sus instituciones en materia de seguridad y de movilidad fortalezcan sus protocolos de prevención, atención, seguimiento y apoyo en casos de violencia sexual contra las mujeres en los servicios de transporte de plataformas digitales, así como para que evalúen mecanismos que eviten reincidencias.
También pide a las fiscalías de justicia de las 32 entidades federativas continuar con el reforzamiento de sus protocolos de atención y sanción en casos de violencia sexual contra las mujeres en dichos servicios, así como a mantener actualizada la información estadística que, por mandato, deben generar respecto de las diversas conductas violentas cometidas contra las mujeres.
Senadores y diputados subrayaron que las diferencias entre la identidad registrada y la persona que conduce, los cambios injustificados de ruta, las detenciones no previstas y la falta de respuesta institucional inmediata, son circunstancias que pueden agravar la situación de vulnerabilidad de las usuarias.
Consideraron que la obligación de prevenir la violencia no puede trasladarse exclusivamente a las mujeres mediante recomendaciones para compartir ubicación, evitar viajes nocturnos o mantenerse en comunicación permanente con personas cercanas, sino que una prevención efectiva exige una responsabilidad compartida entre empresas prestadoras del servicio, autoridades de movilidad, seguridad y fiscalías, así como las instancias de atención a las mujeres.
