La Primera Comisión de la Permanente, que preside el senador Alejandro Murat Hinojosa, aprobó un dictamen por el que se exhorta a las secretarías de seguridad pública de las entidades federativas a que, en coordinación con su homóloga federal y la Guardia Nacional, fortalezcan las estrategias de prevención, detección y combate a los delitos en materia de hidrocarburos.
Lo anterior, precisa el documento avalado por las y los legisladores, con el objetivo de garantizar la integridad y seguridad de la población.
En el proyecto explicaron que el pasado 4 de junio de 2026, en el municipio de Tepeaca, Puebla, la operación de un depósito clandestino provocó la deflagración en cadena de cuatro pipas cargadas con Gas LP, por lo que se realizó el desalojo preventivo de más de dos mil personas que se encontraban en viviendas, escuelas y centros hospitalarios.
También refirieron que entre los años 2010 y 2018, la problemática alcanzó dimensiones críticas, ya que la debilidad de los controles y esquemas de complicidad institucional en administraciones pasadas facilitaron la expansión del mercado ilícito a niveles sin precedentes.
Durante finales del 2018, se menciona en el documento, Pemex reportó un máximo histórico de 14 mil 894 tomas clandestinas, lo que equivalía a una pérdida diaria estimada de 58 mil 200 barriles de crudo y un menoscabo patrimonial superior a los 66 mil 300 millones de pesos anuales para la hacienda pública.
Al respecto, recordaron que desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se inició la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual priorizó el combate frontal a través del Plan Conjunto de Atención a las Instalaciones Estratégicas de Pemex.
Además, los y las legisladoras consideraron que la problemática de los hidrocarburos ilícitos puede generar consecuencias que van mucho más allá del momento en que se descubre una toma clandestina o se asegura un vehículo, sino que podría producir explosiones, incendios, contaminación y afectaciones a viviendas, escuelas, hospitales y otras instalaciones.
Además, coincidieron en que el combate a la sustracción e intermediación ilegal de hidrocarburos no sólo es un imperativo de seguridad nacional y soberanía energética, sino ante todo una exigencia prioritaria de protección civil y salvaguarda de la vida humana.
En la reunión de la Primera Comisión, las y los legisladores aprobaron, entre otros dictámenes, uno por el que se pide reforzar la vigilancia de los centros educativos para evitar robos y vandalismo durante los periodos vacacionales.
Y otro para fortalecer los protocolos de protección, prevención y seguimiento de violencia sexual contra mujeres en servicios de transporte de plataformas digitales.
