Mario Luis Fuentes Alcalá y Saúl Arellano Almanza, investigadores del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, destacaron que es necesario poner en el centro de atención a las niñas, niños y adolescentes, toda vez que no se ha garantizado una infancia digna ni se ha logrado una estrategia de desarrollo; además, los menores de edad no son tomados en cuenta porque en el país impera una perspectiva “adultocéntrica”.
Al presentar, en la Facultad de Derecho de la UNAM, el documento diagnóstico llamado Índice de los derechos de la niñez 2022, cinco años de incumplimiento de derechos, Fuentes Alcalá expuso que en los hogares y las viviendas existe una fractura de origen, limitada por la pobreza, mientras que las escuelas se han erosionado y transmiten estereotipos y abusos.
Expresó su deseo de que el documento genere más acción, “pues es una manera de indignarnos para mostrar insuficiencias”. En la UNAM se deben organizar más seminarios, discusiones y tesis sobre este tema de la mayor relevancia.
A su vez, Arellano Almanza, también coautor del estudio, consideró inaceptable las diferencias en la calidad de vida entre niños y niñas de diferentes estados del país, pues las peores condiciones identificadas para la niñez son los estados con los rezagos históricos más importantes: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla.
De acuerdo con los datos del estudio, las condiciones de la niñez mexicana no han cambiado en cinco años, lo que es un síntoma de que algo está muy mal, alertó.
A partir de estadísticas y datos oficiales, los autores del Índice concluyeron que México es un país inapropiado para la niñez y la adolescencia, porque persisten condiciones generalizadas de incumplimiento a sus garantías inalienables.
Las afectaciones, sostienen ambos autores en el texto, incluyen el derecho a la vida y la supervivencia, a la salud, a vivir protegidos de la violencia, a la alimentación, la educación y al derecho a vivir en bienestar. Todas estas áreas son vulneradas de manera creciente.
Aunque el estudio abarca el periodo 2016-2020 (antes de la pandemia), los hallazgos de la investigación muestran cómo, al menos desde 2008 (cuando el PUED llevó a cabo la primera medición multidimensional de la pobreza) y hasta 2020, de forma constante, 50 por ciento o más de la población menor de 18 años en el país se identificó con esta condición.
Se expone, además, que en una escala de cero a uno, de 2016 a 2020 hubo un promedio de 0.558 en las condiciones de incumplimiento del mandato constitucional de garantizar el Principio del Interés Superior de la Niñez.
Durante la presentación del diagnóstico, realizada en el auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho (FD) de la Universidad Nacional, el director de esa entidad académica, Raúl Contreras Bustamante, reconoció que aun cuando la niñez y la adolescencia son el futuro de nuestra nación, enfrentan problemas en los diferentes ámbitos. Destacó que en 40 por ciento de los juicios de orden familiar y en 30 por ciento del civil, los menores tienen un papel destacado como parte del litigio.
“Después de la pandemia los rezagos, ya muy graves en el sector educativo, serán más negativos en los niveles de primaria y secundaria, donde los niños tomaron clases por televisión en condiciones precarias o compartiendo el dispositivo con sus hermanos. Pero en el Presupuesto de Egresos no hay recursos adicionales para este rubro”, señaló.
Para la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Mónica González Contró, es un documento valioso que tiene un enfoque de derechos y como eje los artículos Primero y Cuarto de la Constitución. Muestra que existe una violación constante a las garantías de infantes y adolescentes, un grupo de la población que “no tienen la misma capacidad jurídica para activar sus derechos y están en vulnerabilidad frente a los adultos”.
Elena Azaola Garrido, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), felicitó a los autores por “no quitar el dedo del renglón” y presentar un resumen contundente y un llamado a la indignación.
“El Índice destaca que hasta ahora México ha sido incapaz de construir un entramado institucional integral, que haga realidad los derechos que nuestra Constitución y diversas leyes reconocen para la infancia”.
Añadió que el documento es un mapa para trazar políticas públicas y programas que beneficien a ese sector de la población.
