En muchos casos, a las mujeres privadas de la libertad en un centro penitenciario, se les restringen y limitan sus derechos y libertades, entre los que se encuentran los sexuales y reproductivos, señaló la senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla.

La legisladora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano enfatizó que todas las personas en reclusión deben gozar de los derechos humanos y libertades consagrados y reconocidos en los tratados internacionales.

Por ello, presentó una iniciativa que busca reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de garantizar a las mujeres privadas de la libertad, sus derechos a la sexualidad digna.

Con esta propuesta, enviada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, Ballesteros Mancilla busca establecer en la legislación vigente, que las mujeres recluidas en un centro penitenciario deberán contar con instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para satisfacer las necesidades sexuales y reproductivas propias de su género.

De este modo, quienes accedan al régimen de visitas íntimas, tendrían asegurado su derecho a la libertad y control sobre su sexualidad, su salud sexual y reproductiva; así como a decidir libremente en estos aspectos, sin coerción, discriminación o violencia, en igualdad de condiciones y con pleno respeto a la integridad personal, el consentimiento y la autonomía.

Además, tendrían que recibir la atención médica especializada, correspondiente con sus características físicas y biológicas, que atienda a sus necesidades específicas y sea adecuada, suficiente, con instalaciones, personal y recursos idóneos, higiénicos y apropiados.

Ballesteros Mancilla refirió que, de acuerdo con datos del INEGI, del total de la infraestructura penitenciaria nacional, solamente 11 son exclusivos para una población femenina, por lo que las mujeres se encuentran repartidas en centros femeniles, mixtos y varoniles, lo que significa que las instalaciones no están pensadas para satisfacer las necesidades de esta población.

Aseveró que no cuentan con espacios de lactancia, para la maternidad y áreas de visita suficientes para ellas.

“Esta representación numérica minoritaria respecto a los hombres y la falta e insuficiencia de infraestructura penitenciaria pensada para mujeres y con perspectiva de género, ha sido el pretexto para restar importancia y tutelar de manera menos efectiva los derechos y libertades de las mujeres privadas de la libertad, lo que minimiza sus necesidades en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos”, advirtió le legisladora.