La senadora Lilly Téllez propuso imponer de uno a nueve años de prisión y una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, a quien venda o comercie medicamentos, fármacos, materias primas, aditivos o materiales fuera de los establecimientos mercantiles legalmente constituidos para esos fines o sin tener el permiso correspondiente. 

Lo anterior, agregó la legisladora del PAN, permitirá avalar que los medicamentos son seguros para su consumo en beneficio de la salud de las personas; además, coadyuvará a erradicar su accesibilidad en las calles bajo cualquier modalidad. 

Dijo que con esta modificación al artículo 446 de la Ley general de Salud, se garantizaría que la venta de estos productos esté a cargo de las personas que jurídicamente cuenten con los permisos y estén acreditadas por las instancias correspondientes. 

Además, subrayó que los medicamentos son adquiridos en la vía pública porque los ofertan a precios más bajos, pero advirtió que esto puede provocar consecuencias irreparables contra la vida de las personas que los consumen, pues no existe ninguna certeza de que cumplen con la calidad requerida y son de dudosa procedencia. 

Desde el Congreso de la Unión, tenemos el deber de exigir a las autoridades administrativas que cumplan con sus obligaciones constitucionales, para que garanticen la disponibilidad lícita de medicamentos en todo el país y evitar que de forma ilícita o clandestina se sigan vendiendo o comercializando, enfatizó la senadora. 

En la iniciativa, que fue turnada a las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos del Senado, refirió que en la vía pública, tianguis, puestos y hasta en el transporte público se venden medicamentos y «muestras médicas gratuitas, no negociables» sin las condiciones mínimas para su cuidado, como el simple hecho de estar expuestos a la intemperie. 

Incluso, dijo, se pueden comprar antibióticos de los que se requiere una receta médica para adquirirlos, en términos de la Ley General de Salud, así como aquellos que tienen la leyenda “prohibida su venta” o “propiedad del Sector Salud”, sin que las autoridades hagan algo. 

Lilly Téllez insistió en que es indispensable imponer sanciones ejemplares para quienes realicen este tipo de conductas, que transgreden el derecho a la protección de la salud, a través de la venta o comercialización de medicamentos sin contar con ningún permiso. 

De esta forma, ya no habrá tolerancia, serán acreedores a pena privativa de la libertad y a una multa y, con ello, se podría disuadir la comisión del delito, a través del combate de la corrupción y al erradicar la impunidad, concluyó.