En el Senado se llevó a cabo el foro “Desafíos y oportunidades: la responsabilidad empresarial y la protección de los derechos humanos en México”, en el que asociaciones de trabajadores y empresarios, especialistas y representantes de la ONU y la CNDH analizaron los retos y posibles soluciones para garantizar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. 

En la inauguración del encuentro, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen, señaló que la globalización de la economía debe acompañarse con el respeto de los derechos humanos, pues es una obligación que incumbe a los Estados, sus empresas, dirigentes y subcontratistas. 

Los derechos humanos, agregó, ya no pueden ser vistos como un elemento menor por parte de las empresas ni del Estado, pues los impactos adversos sobre ellos son ahora una fuente potencial de responsabilidad y litigio. 

Indicó que se avizora que los litigios relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente, se convertirán gradualmente en uno de los riesgos legales más importantes que enfrentarán los grupos empresariales en muchos países. 

Los trabajos forzosos, el trabajo infantil, la desigualdad salarial o la contaminación del agua y del suelo, advirtió, son situaciones que afectan a cada una de las personas en todo el mundo, a causa de empresas que violan con frecuencia e impunidad los derechos humanos y el medio ambiente. 

Aseveró que a más de una década de la adopción de los principios rectores sobre la empresa y los derechos humanos, emitidos por la Organización de las Naciones Unidas en 2011, la tarea de asegurar su cumplimiento y aterrizaje aun es un tema pendiente en nuestro país. 

Aún hay un amplio espacio para la legislación y la jurisprudencia, pero urge renovar los compromisos de la comunidad internacional, a fin de que comience una implementación, seguimiento y evaluación concreta, sobre el logro de los objetivos planteados desde 2011, puntualizó. 

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, afirmó que la precepción de los derechos humanos debe ser vista más allá de una meta utópica que algún día alcanzaremos.  

Los derechos humanos, dijo, son un conjunto de derechos mínimos que pertenecen a todas las personas en todo momento y lugar y por debajo de eso, no hay dignidad humana. 

En este sentido, señaló que para poder “aterrizar” esos derechos en la vida de las personas es fundamental lograr una sinergia entre los órganos de gobierno, la sociedad, la academia y el sector empresarial para que juntos se puedan enfrentar los retos que estamos viendo porque, “los estados no van a poder solos y el sector empresarial no puede limitarse a cumplir la ley, puede dar mucho más en las situaciones de profundas crisis”.  

Recordó que desde la organización internacional se han emitido varias recomendaciones para garantizar el pleno respeto de los derechos de las personas: los derechos humanos en el corazón del desarrollo sostenido, pensado en derechos económicos, civiles, culturales, políticos, con equidad de género y sociales, además de garantizar que las personas accedan a los servicios esenciales. 

En tanto, Claudia Esperanza Franco Martínez, directora de la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, destacó que los estados tienen la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos de todos los trabajadores, así como la obligación de implementar políticas públicas y ordenamientos jurídicos en beneficio de los ciudadanos. 

Enfatizó que el motivo de este foro “es hacer un corte de caja sobre las acciones que se deben realizar en los pendientes que tiene el estado mexicano, por ejemplo, garantizar el acceso a una reparación eficaz para quienes hayan resultado afectados por las actividades empresariales”.  

Además, dijo que el diálogo que se realizará en este foro permitirá a la Comisión de los Derechos Humanos elaborar un diagnóstico que será una guía para implementar una política permanente en cuanto a la protección en la materia y la relación que se deberá implementar con el gobierno, sector empresarial y la sociedad civil organizada.