Una veintena de pobladores y propietarios de tierras del Ejido El Bajío del municipio de Caborca, Sonora denunciaron la existencia de los que denominaron “ejidatarios charros” que se están beneficiando de manera ilegal en la extracción de oro en complicidad de la Minera de Penmont Fresnillo con tal de frenar el pago por indemnización a la familia Cruz Pérez,  a quienes beneficia una sentencia del Tribunal Unitario Agrario.

Después de reunirse con senadores de varios partidos, expusieron que a pesar de que tienen prohibido por parte del dictado  tribunal realizar cualquier labor de explotación u exploración y de no contar con una concesión, estas personas quienes a través de estrategias legaloides adquirieron la calidad de ejidatarios, han extraído oro de manera ilegal de los terrenos donde está asentada la minera Penmont Fresnillo.

“Quienes son los legítimos dueños de la tierra no comprenden cómo es posible que las autoridades agrarias de ese entonces se prestaran a dar condición de ejidatarios a personas extrañas al ejido. Adquirieron la condición de ejidatarios en el momento en el que la mina tuvo auge en la explotación de oro y plata”, dijo el abogado Marco Antonio Valles Grosso.

Consideró que una figura jurídica tan noble como el ejido se haya viciado gracias a la complicidad de los gobiernos del pasado y ahora, “como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema del Tren Maya con la asistencia de ejidatarios charros, en Sonora también se usa esa figura para el despojo de los auténticos dueños”.

Indicó que los verdaderos ejidatarios hoy  no pueden regresar a sus tierras por las amenazas de estas personas quienes adquirieron la calidad de ejidatarios.

Dijo que se debe cumplir la sentencia contra la minera Penmont Fresnillo, filial de la compañía mexicana Fresnillo PLC, de Grupo Peñoles, emitida por el Tribunal Unitario Agrario (TUA).

Por su parte, el senador por Morena, José Narro Céspedes, quien fue uno de los legisladores que recibió a los ejidatarios sonorenses, lamentó este tipo de prácticas y dijo que el Senado hará un acompañamiento a este caso.

“El caso ya lo conoce la Secretaría de Gobernación y confiamos plenamente en que habrá de resolverse de forma pronta y que como ordena el Tribunal Unitario Agrario se les regresen las tierras a sus auténticos dueños y no siga está explotación ilegal”, indicó el secretario de la Mesa Directiva del Senado.

Recordó que desde hace varios años se empezó a explotar esta mina, muy rica en oro y plata, de forma irregular, por lo que los ejidatarios, los propietarios, están demandando que se paguen los daños ocasionados, así como lo que han sustraído de minerales.