CDMX.- Con el voto unánime de Morena y la ausencia de la oposición, las comisiones unidas del Senado aprobaron una reforma constitucional que obliga a la alternancia de género en los cargos de la Presidencia de la República, las gubernaturas y las presidencias municipales.

Esta reforma, que modifica el artículo 41 constitucional, establece que los nombramientos en la administración pública federal, estatal y municipal deberán seguir el principio de paridad de género.

La reforma responde a una dinámica iniciada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que impulsó la paridad en las candidaturas para gubernaturas, aunque hasta ahora carecía de sustento legal. Con esta modificación, la alternancia de género se convierte en un mandato obligatorio en los tres niveles de gobierno, lo que consolida la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones.

La senadora Ana Lilia Rivera destacó la importancia de esta reforma, subrayando que la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones no debe ser un gesto simbólico, sino un derecho indiscutible por el que se ha luchado por generaciones. Además, mencionó que esta es la primera reforma constitucional aprobada por el Senado enviada por la Presidenta, que asegura que la igualdad de género sea transversal en todos los ámbitos, incluida la política.

El régimen transitorio otorga al Congreso de la Unión 90 días ya los Congresos estatales 180 días para hacer las adecuaciones legales necesarias, lo que implica que esta alternancia se aplicará en las elecciones de gubernaturas y presidencias municipales el próximo año, y en la próxima sucesión presidencial .

Feminicidios serán delitos federales

Por otra parte de la reforma establece que los feminicidios y otros delitos contra las mujeres serán considerados delitos federales. Las autoridades federales podrán intervenir en delitos del fuero común cuando tengan conexión con delitos federales, o cuando se trate de violencia de género o delitos contra periodistas.

La reforma busca garantizar que todas las personas, especialmente mujeres, adolescentes y niñas, puedan vivir una vida libre de violencia, obligando al Estado a reforzar su protección en estos casos. Además, prevé la creación de fiscales especializadas en la investigación de delitos por razones de género, elevando así la protección de las mujeres a nivel constitucional.