Durante la inauguración del foro “Reforma constitucional y pueblos indígenas y afromexicanos”, senadores, funcionarios y especialistas coincidieron en la necesidad de una legislación que reconozca las formas internas de organización de las comunidades originarias y para la resolución de conflictos; la posesión de sus tierras y la explotación de éstas, que garantice el bienestar de sus integrantes.      

El encuentro se llevó a cabo como parte de las actividades para conmemorar el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas” y el aniversario del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas.  

La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Xóchitl Gálvez Ruiz, explicó que el objetivo del foro fue intercambiar puntos de vista sobre una reforma constitucional que reconozca a los 71 pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Así como sus derechos a la representación y participación política, para garantizar su acceso a la justicia, formas de gobierno, normas y procedimientos de resolución de conflictos internos, y que sus juicios y decisiones sean convalidados por las autoridades del Estado. 

Se trata, agregó, de respaldar su derecho al territorio y el fortalecimiento de sus lenguas, así como de atender sus necesidades básicas como la salud, alimentación y vivienda, para permitir su desarrollo pleno, en condiciones de bienestar.   

Gálvez Ruiz informó que senadoras y senadores de diversos Grupos Parlamentarios han presentado iniciativas para subsanar esos pendientes legislativos con este sector poblacional.   

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, urgió a respetar los usos y costumbres de las comunidades, pero también, dijo, se deben respetar los derechos de las mujeres y sus libertades.  

Señaló que en Chiapas las mujeres, “aunque resulte doloroso decirlo, me lo han expresado ellas y también ellos, solamente tienen dos funciones: la de tener hijos y la de ir a cargar leña”.  

“Esto no puede suceder en un país que vive con una democracia y un régimen de libertades, por lo que se trata de pendientes que debemos asumir los tres poderes del Estado mexicano, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”, consideró el senador. 

La senadora Lucía Meza Guzmán, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, afirmó que la iniciativa busca impulsar el libre desarrollo y bienestar integral de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, garantizar que puedan aprovechar sus tierras, recursos naturales y territorios, así como el fortalecer su autonomía, instituciones, culturas e identidades, mediante la implementación de diálogos permanentes.  

En tanto, la senadora Susana Harp Iturribarría, presidenta de la Comisión de Cultura, destacó que al hablar de temas afromexicanos no debe hacerse referencia a un tono de piel o a una fisionomía, sino a una cultura.  

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Raúl Bolaños-Cacho Cué, reconoció el trabajo de estos pueblos en la conservación de la biodiversidad, sus aportaciones a la medicina, la preservación de la cultura, pero, principalmente, de las zonas forestales y selváticas, por lo que subrayó la importancia de una legislación que apoye a estas comunidades. 

Josefina Elizabeth Bravo Rangel, representante de la Secretaría de Gobernación, destacó que las modificaciones y adiciones a 16 artículos de la Constitución, que plantea la iniciativa del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, buscan establecer una nueva relación entre el Estado mexicano con los pueblos indígenas y afromexicanos. 

Se pretende, dijo, reincorporar el reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, su libre determinación y autonomía en los distintos niveles y ámbitos. Así como temas referentes a derechos de las mujeres indígenas; niñez, adolescencia y juventud indígena; tierras, territorios, recursos naturales y medio ambiente; reconocimiento de sistemas normativos indígenas, en coordinación con el sistema jurídico nacional, entre otros. 

José Hernández Hernández, director de Derechos Indígenas, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, expuso que en septiembre de 2021, los gobernadores integrantes de la tribu Yaqui entregaron al Presidente de la República la propuesta de reforma constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que fue resultado de la participación de pueblos y comunidades de todo el país. 

Dicha propuesta contiene, entre otros objetivos, que la actuación del Ministerio Público y la seguridad pública consideren los principios de pluriculturalidad, interculturalidad y pluralismo jurídico; así como la participación plena y efectiva de los pueblos y comunidades, y que éstas tengan derecho a sus tierras y recursos, entre otros. 

“Los pueblos indígenas no quieren ser sujetos de interés público, sino sujetos de derecho público, que puedan sentarse en la mesa y contar con voto en diversos espacios de decisión”, apuntó.  

El representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, destacó la importancia de escuchar a los pueblos indígenas sobre el alcance del derecho a la libre determinación, a fin de encontrar la manera de hacer realidad este derecho y asegurar la participación de mujeres y niñas indígenas en los procesos de construcción de propuestas normativas.