El pasado lunes durante la conferencia matutina del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, estuvo también acompañando al mandatario el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Pablo Gómez quien acusó a Sonia Vargas, actual funcionaria del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, de firmar contratos por más de 700 millones de dólares en supuestos actos de corrupción cometidos durante la gestión de los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Pablo señaló que la ahora colaboradora del Poder Judicial fue cercana al exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y quien fue la responsable de la entrega del dinero que se habría desviado, por lo cual el gobierno federal busca recuperar esos montos.
También aseguro que están involucrados en la firma de estos contratos el excomisionado de la Policía Federal, Rodrigo Esparza, por 69 millones 100 mil dólares; el exdirector de Apoyo Técnico a la Policía Federa, Humberto Martínez, por 38 millones 800 mil dólares.
Otra persona que esta involucrada es Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Federal de la Policía Federal, quien fue detenido el pasado 5 de julio de 2021 en Naucalpan, Estado de México, por dos millones 500 mil dólares, y el exjefe de la División de Fuerzas Federales, Rafael Avilés, con doce millones de dólares.
Durante la Administración de Enrique Peña Nieto los implicados son el extitular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Eugenio Ímaz, con 253 millones de dólares y 67 millones de dólares, así como el excomisionado de Prevención y Readaptación Social, Eduardo Guerrero Durán, con 88 millones de dólares.
