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VAN TRAS JUECES QUE DEJARON LIBRE A ROSARIO ROBLES

El Fiscal Alejandro Gertz Manero insiste en que la determinación por parte de los titulares del órgano jurisdiccional (jueces) han cometido agravios a la norma vigentes en el proceso de Rosario Robles Berlanga, por lo que se sabe han integrado carpetas de investigación por el probable delito contra la administración de justicia contra los jueces federales Jesús Delgadillo Padierna, Roberto Omar Paredes Gorostieta y Femat, así como Faustino Gutiérrez Pérez, por haber emitido resoluciones en favor de imputados como Rosario Robles y Ramón Sosamontes.

Estos cuatro abogados son señalados de incurrir en tráfico de influencias en colaboración con el exconsejero jurídico del Poder Ejecutivo federal Julio Scherer Ibarra y el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Entre los delitos contra la administración de justicia se encuentra el artículo 225:

«Dictar, a sabiendas, una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio u omitir dictar una resolución de trámite, de fondo o una sentencia definitiva lícita, dentro de los términos dispuestos en la ley».

El pasado 2 de febrero la FGR, en su cuenta de twitter dijo : «apelará e iniciará una carpeta de investigación por delitos contra la administración de justicia por servidores públicos», específicamente contra el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, por haber exonerado a Ramón Sosamontes, ex colaborador de Rosario Robles, por su presunta participación en el desvío de 203 millones de pesos asignados a las secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en hechos ocurridos entre 2012 y 2018.

El pasado 28 de febrero el juez octavo de distrito en el estado de Tamaulipas Faustino Gutiérrez Pérez, dejo sin efecto la orden de aprehensión dictada contra el panista y exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien estaba acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

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