La reacción de la oposición a propuestas del gobierno como la elección de consejeros y magistrados electorales apunta que será difícil la construcción de consensos para la aprobación de la reforma electoral, señala un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).  

La nota titulada “Propuestas en torno a una nueva reforma político electoral”, elaborado por las investigadoras Perla Carolina Gris Legorreta y Susana Ramírez Hernández, refiere que el debate público en esta materia proviene desde el proceso electoral de 2018, hasta la revocación de mandato de abril de 2022. 

El documento revela que en el primer año de la LXV Legislatura se han presentado 27 iniciativas constitucionales en materia electoral, incluyendo la enviada por el presidente de la República el 28 de abril pasado a la Cámara de Diputados y que entre otras cosas propone crear un nuevo órgano electoral nacional, someter a votación la integración de las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, reducir el financiamiento público de partidos políticos y disminuir el número de legisladores en las cámaras del Congreso y las legislaturas locales. 

La oposición, por su parte, ha presentado iniciativas para dar nuevas facultades al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), impulsar el voto electrónico, la segunda vuelta para la elección presidencial y reconocer nuevas causantes para la nulidad de procesos electorales, como la intervención de organizaciones criminales 

El estudio del IBD hace énfasis en la necesidad de que todas estas propuestas sean sometidas a estudios exhaustivos, en los que se incorporen resultados de evaluaciones, entre otro tipo de instrumentos técnicos y especializados en la materia que guíen de manera objetiva e informada el debate sobre el rumbo de una reforma político electoral.