Hacinados, hambrientos, sin acceso a agua potable y sin productos para su aseo personal, así eran las condiciones de los 68 indocumentados que fueron encerrados en esa celda, cuya reja fue asegurada con un candado y cuya llave, fue entregada a un bombero cuando ya habían fallecido 37 y los demás se encontraban lesionados.

No existía protocolo ni equipo para prevenir o apagar incendios, ha sido la fiscalia quien ha entregado los peritajes y las pruebas ante un juez federal para obtener, hasta el momento, órdenes de aprehensión en contra de nueve funcionarios de Instituto Nacional de Migración (INM) por incurrir en graves omisiones.

«Se encontraban obstruidos por mochilas y muebles del personal de migración los extintores, es decir fuera del alcance del personal de seguridad y custodia. Además no contaba con un croquis del centro de trabajo con la distribución de equipos contra incendio y medios de detección».

Los agentes migratorios y los guardias privados no ‘pusieron en marcha acciones de protección civil, solo se contaba con un acceso al área de varones y no había ventilación adecuada, no se contaba con un plan de desalojo al enfrentar la emergencia, pues no se tenían rutas de evacuación o puntos de reunión.