El Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, cuyo objetivo es establecer y regular las medidas, acciones y procedimientos para preservar la seguridad y la soberanía e independencia nacionales del espacio aéreo mexicano. 

Dicha propuesta, aprobada en lo general con 63 votos a favor, 40 en contra y cinco abstenciones, y en lo particular con 62 a favor y 43 en contra, establece mecanismos de coordinación interinstitucional para aprovechar las capacidades y recursos civiles y militares con que ya cuenta el Estado Mexicano para este fin. 

El ordenamiento de nueva creación establece que el Ejecutivo Federal será quien garantizará la soberanía de la nación sobre el espacio aéreo mexicano, por medio de la vigilancia y protección coordinada que sobre éste realizan las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Dispone que la Secretaría de la Defensa Nacional coordine la participación de las autoridades para que coadyuven en la vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, en el ámbito que compete a la seguridad nacional.  

El proyecto, que fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, crea el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, organismo que vigilará las maniobras de vuelo como no activar su código transponder o apagarlo durante el vuelo, cambiar de ruta sin motivo aparente, no establecer comunicación con los servicios de control de tránsito aéreo previstos por la autoridad aeronáutica o con el Centro. 

Además, contar con información de plan de vuelo, registrar cambios erráticos de velocidad, altura, rumbo o realizar maniobras inusuales, sobrevolar una zona restringida, prohibida, peligrosa, de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano y de identificación de defensa aérea, y cuando una aeronave se encuentre en situación de emergencia. 

El Centro considerará como vuelo no autorizado, cuando la traza de interés no fuera identificada y cuando las aeronaves no cuenten con un plan de vuelo autorizado por la autoridad aeronáutica, ni aprobado por los Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.  

La Ley considera vuelo clandestino, cuando la tripulación de una aeronave no cuente con un plan de vuelo autorizado antes del despegue o aprobado durante el vuelo, para evitar ser detectado, eluda o desobedezca a la autoridad y cuando incurra en desacato. 

También cuando no exhiba de manera visible o no sea posible visualizar por medio de electro ópticos los distintivos de nacionalidad y matrícula de la aeronave, aterrice en un lugar distinto al establecido al plan de vuelo sin dar aviso, y cuando se localice la aeronave en una superficie terrestre o marítima diferente a un aeródromo o helipuerto.  

Asimismo, se crea el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, el cual tiene por objeto la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lo integran, para inhibir y contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional.  

Ese Sistema lo integrarán la Secretaría de la Defensa Nacional, quien coordinará el Sistema, a través de la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y la Comandancia del Centro Nacional para la Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo; la Secretaría de Marina, a través de la Dirección del Centro de Mando y Control de la Armada de México. 

Además, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil y los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por medio de la Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia; así como la Secretaría de Gobernación, por medio el Instituto Nacional de Migración. 

El Consejo Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo será la instancia superior responsable de emitir las políticas de coordinación e intercambio de información entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para garantizar la protección del espacio aéreo mexicano, bajo los principios de legalidad y certeza jurídica. 

En nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el senador José Narro Céspedes dijo que el aire nacional es un espacio donde no existe una ley que se ajuste a la realidad que vive nuestro país, ya que los gobiernos dejaron crecer grandes negocios ilegales que ponen en riesgo la salud, la seguridad y la soberanía nacional. 

Al presentar un voto particular, el senador Noé Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, señaló que el control civil del espacio aéreo es una herramienta importante para combatir al crimen organizado. Por ello, hizo un llamado a no permitir el control militar de todas las instituciones civiles del Estado; “no seguiremos permitiendo la militarización del país”. 

En la discusión del dictamen, el senador Elí César Cervantes Rojas, de Morena, indicó que es indispensable adecuar la gestión del espacio aéreo en virtud de que es de dominio público, ya que existe un uso indebido del mismo y de la infraestructura aérea, la cual fue cimentada por factores como la corrupción que ha prevalecido por décadas en este sector. 

De Acción Nacional, el senador Juan Antonio Martín del Campo señaló que, si bien hay aspectos positivos en el dictamen, también hay riesgos que pueden perjudicar la productividad del sector de aviación comercial y carga. 

La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, lamentó que se voten este tipo de dictámenes de los que no hay certeza sobre sus implicaciones, además de que no se dio tiempo suficiente para escuchar a quienes serán los usuarios directos de esta reforma, por lo que hizo un llamado al Pleno a abstenerse de votar. 

Marco Antonio Gama Basarte, senador de Movimiento Ciudadano, expresó que en la urgencia de militarizar todo no se reparó en que las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina no cuentan con las atribuciones necesarias dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública para intervenir en la protección del espacio aéreo. 

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, aseguró que esta ley subsana un vacío jurídico y otorga las condiciones para resguardar de forma adecuada el espacio aéreo mexicano; “estamos convencidos de dotar al Estado de este andamiaje jurídico para garantizar la soberanía nacional y la protección de nuestro espacio aéreo”. 

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, coincidió en la propuesta de proteger el espacio aéreo y establecer un esquema de seguridad y soberanía nacionales; sin embargo, señaló que el proyecto contiene conceptos poco claros, ambiguos e inconstitucionales. 

Por el Grupo Plural, el senador Emilio Álvarez Icaza, dijo que “es un día triste”, en el cual los dos más grandes riesgos están consumándose: la regresión democrática y el avance de la militarización de México; lo que hay que tener claro es que el legado de este gobierno será un país con un narcoestado, militarizado y autoritario, asentó. 

Los senadores Miguel Ángel Mancera Espinosa y Emilio Álvarez Icaza Longoria, del PRD y el Grupo Plural, respectivamente, presentaron reservas al dictamen, las cuales fueron rechazadas en votación económica por el Pleno.