Jorge Luis Preciado
La reciente práctica de enviar a presuntos delincuentes a Estados Unidos sin agotar el proceso formal de extradición abre un debate necesario sobre los límites entre la cooperación internacional y la percepción de fortaleza del Estado mexicano. No se trata de un asunto menor ni de una discusión ideológica: está en juego la credibilidad institucional y la manera en que México ejerce su soberanía.
Desde el punto de vista jurídico, estas acciones no son ilegales por definición. La legislación mexicana contempla figuras distintas a la extradición —como la deportación, la expulsión por razones de seguridad nacional o ciertos esquemas de cooperación judicial— que permiten la entrega de personas a otro país bajo circunstancias específicas. Utilizadas correctamente, estas vías se encuentran dentro del marco constitucional.
El problema no es la legalidad, sino el mensaje político que se transmite.
La extradición es un procedimiento garantista, transparente y revisable. Saltarlo de manera sistemática, aun cuando sea legal hacerlo, puede generar la percepción de que México evita juzgar a ciertos criminales en su propio territorio o que responde a presiones externas para acelerar resultados. Esa percepción, aunque no siempre justa, erosiona la imagen de un Estado con plena capacidad para impartir justicia.
También es cierto que la cooperación con Estados Unidos es indispensable. El crimen organizado que opera en México no es local, sino transnacional. El tráfico de drogas, armas y recursos financieros exige respuestas coordinadas. En ese contexto, entregar a delincuentes que son requeridos por cortes estadounidenses puede ser una decisión pragmática y eficaz, especialmente cuando los procesos internos se prolongan indefinidamente o no garantizan sanciones efectivas.
Sin embargo, la cooperación no debe confundirse con subordinación. Un Estado soberano coopera desde la decisión, no desde la urgencia; desde la estrategia, no desde la presión. Cuando estas entregas se hacen sin una narrativa clara, sin transparencia y sin explicar por qué se opta por vías alternas a la extradición, el vacío lo llena la sospecha.
México no debe renunciar a juzgar a quienes delinquen en su territorio. La cooperación internacional debe ser un complemento, no un sustituto de la justicia nacional. De lo contrario, se envía un mensaje equivocado: que la solución a los grandes problemas de seguridad depende siempre de instancias externas.
En síntesis, enviar delincuentes a Estados Unidos sin extradición puede ser legal y útil, pero no debería convertirse en la regla ni en un gesto automático. La fortaleza del Estado no se mide por la rapidez con la que entrega a los criminales, sino por la claridad con la que explica sus decisiones y la firmeza con la que ejerce su autoridad.
