La presidenta Claudia Sheinbaum conoció este miércoles una denuncia que involucra al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú en un presunto caso de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial que afecta a dos menores de edad que son sus nietos.

Según los señalamientos, el llamado “constructor favorito” del ex presidente Enrique Peña Nieto habría utilizado sus conexiones políticas y económicas para favorecer a su hija, María Fernanda Hinojosa García, en un proceso de divorcio con Allan Mauricio Reider Rangel, en perjuicio de este último y de los hijos menores de ambos.

El caso, que ha levantado polémica en los círculos judiciales, refuerza la percepción de que en ciertos tribunales la balanza de la justicia se inclina a favor de quienes tienen poder y dinero. La familia Hinojosa Cantú, originaria de Tamaulipas, ha sido acusada de ejercer presión sobre jueces y funcionarios judiciales con el objetivo de obtener resoluciones favorables a su causa, generando dudas sobre la imparcialidad de las instituciones encargadas de impartir justicia.

Sheinbaum enfatizó la importancia de combatir la corrupción en el sistema judicial y exhortó a que se presenten formalmente las denuncias correspondientes. “Ahí en los casos donde hay corrupción, se denuncie y que se presenten y si los quieren presentar aquí, no abiertamente, que nos los entreguen en atención ciudadana para que podamos darle cauce. Apoyo a las víctimas, siempre vamos a apoyar a las víctimas”, declaró.

Más allá de la disputa legal entre adultos, el asunto cobra una dimensión más grave al afectar directamente los derechos de los hijos menores de edad. Documentos presentados ante la presidenta indican que los niños han quedado en situación de vulnerabilidad durante el proceso judicial, lo que subraya la necesidad de una revisión a fondo del caso.

En este contexto, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde, reafirmó su compromiso de erradicar el influyentismo en la procuración de justicia y advirtió que no se permitirá la manipulación del sistema por parte de quienes buscan obtener ventajas indebidas a través de su poder económico o político.

Por su parte, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, respaldó la reciente decisión de la fiscal Alcalde de remover de su cargo al fiscal que llevaba el caso de Mafer Turrent, en un esfuerzo por garantizar la imparcialidad de las investigaciones y evitar cualquier interferencia que pudiera comprometer la justicia.

El caso Hinojosa Cantú se convierte así en un nuevo reto para la administración de Sheinbaum, quien ha insistido en la necesidad de reformar el Poder Judicial para erradicar prácticas que perpetúan la corrupción y el influyentismo en México.