Las comisiones unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público aprobaron, por mayoría, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, para actualizarla y armonizarla con el texto de la reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas.

Se acordó que las reservas del dictamen, derivado de una iniciativa enviada por la titular del Ejecutivo Federal, se desahoguen directamente en el Pleno. Se turnó a la Mesa Directiva para su programación legislativa.

Integrantes de la Comisión de Energía emitieron 26 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, mientras que de la Comisión de Hacienda y Crédito Público se registraron 31 votos en pro, 9 en contra y 3 abstenciones.

La iniciativa dictaminada busca actualizar el marco normativo del sector hidrocarburos para adaptarlo a la nueva realidad energética del país y a los cambios en la materia; simplifica el esquema fiscal de Petroleros Mexicanos (Pemex) fortaleciendo su papel como Empresa Pública del Estado, asegura que sus operaciones sean financieramente sostenibles, contribuyendo como palanca de desarrollo.

Reconoce el Derecho Petrolero para el Bienestar, con el cual se reemplazará el esquema fiscal actual de Pemex, con un modelo de tasa única sobre los ingresos brutos del asignatario, ajustado según la región fiscal y el precio del petróleo, dando como resultado que la contraprestación pagada por Pemex sea previsible y transparente, vinculando su base gravable únicamente al precio y la producción de hidrocarburos.

La incorporación del concepto de “Área unificada” permitirá un mejor manejo de los yacimientos compartidos, lo que redundará en una extracción más eficiente de los hidrocarburos del país, y la del concepto “Condición Base” cederá un mejor control para la medición y verificación de los hidrocarburos.

Para las comisiones unidas, las reformas equilibran la captación de rentas petroleras con incentivos a la producción, modernizan el marco regulatorio e institucionalizan prácticas de transparencia al mismo tiempo que permiten consolidar un modelo fiscal petrolero adaptable a ciclos económicos, garantizando ingresos sostenibles para el Estado sin comprometer la viabilidad operativa de Pemex.

Se sustituye las referencias de Ley de Hidrocarburos por Ley del Sector Hidrocarburos, Comisión Nacional de Hidrocarburos por Secretaría de Energía, Empresas Productivas del Estado por Empresas Públicas del Estado, y Del Derecho por la Utilidad Compartida por Del Derecho Petrolero para el Bienestar. Además, deroga las referencias sobre Del Derecho de Extracción de Hidrocarburos y Del Derecho de Exploración de Hidrocarburos.

La presidenta de la Comisión de Energía, diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (Morena), mencionó que las modificaciones a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos buscan fortalecer a Pemex y hacer un esquema rentable, ya que un mayor impuesto no quiere decir mayor utilidad.

Sobre el gas, dijo, se tiene una dependencia de Estados Unidos, cuando es el combustible más barato para la industria, por lo que debe ser rentable, al disminuir del 40 al 12 por ciento y así volverlo un negocio para tener mayores ingresos por la compra o venta de gas de México. Se necesita la apertura de nuevos pozos y lograr mayor recaudación, precisó. 

Diputadas y diputados de la Comisión de Energía

La diputada Patricia Flores Elizondo (MC) adelantó que su voto será en abstención y que esperarán la discusión en el Pleno, ya que se debe garantizar eficiencia, solvencia y capacidad de operar sin comprometer las finanzas nacionales y un enfoque equilibrado, sostenible y benéfico a largo plazo.

En tanto, el diputado Emilio Suárez Licona (PRI) señaló que en las reformas para reestructurar al sector no se incorporan esquemas ni mecanismos y consolidan el clima de incertidumbre que tiene estancada a la industria en detrimento de la inversión y el crecimiento económico, por lo que no acompañarán el dictamen.

Del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández afirmó que hay un desaseo en la dictaminación de la iniciativa, ya que no se pudo entablar el diálogo necesario con la Secretaría de Hacienda ni funcionarios de Pemex para conocer a fondo los motivos que la sustentan, el cual tiene un impacto presupuestal sensible en la recaudación.

Ricardo Astudillo Suárez, diputado del PVEM, recordó que con las reformas aprobadas el año pasado se abrió la puerta para que realmente se transforme a Pemex, a fin de garantizar su continuidad a largo plazo y asegurar que siga fungiendo como motor clave para la economía nacional.

Para el diputado Luis Enrique Ventura, del PT, el proceso de trasformación que lleva México requiere de un modelo energético libre de corrupción y abuso de prácticas, y las reformas complementan y fortalecen las realizadas el año pasado, con la finalidad de la soberanía eléctrica y la autosuficiencia de hidrocarburos.

La diputada de Morena, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, consideró que con la aprobación del dictamen se busca crear un régimen fiscal simplificado, en el que exista una sola obligación denominada “Derecho Petrolero para el Bienestar”, y será del 30 por ciento para el petróleo y el 11.63 por ciento para el gas, lo que quitará presión fiscal a Pemex y permitirá sanear sus finanzas.

A su vez, Ramón Ángel Flores Robles, diputado del PT, expuso que la reforma no sólo es un ajuste fiscal sino una medida de justicia histórica para Pemex. Se da un paso firme –dijo– en la consolidación de la soberanía energética, al garantizar que el petróleo sea motor de desarrollo nacional y no una fuente de riqueza para unos cuantos.

La diputada Ariana del Rocío Rejón Lara (PRI) manifestó su preocupación por las afectaciones de la reforma, al considerar que los cambios propuestos no tienen soporte técnico ni financiero, carecen de formalidad y ponen en peligro las finanzas y la sostenibilidad de Pemex, que con el Derecho creado aportará menos al Presupuesto federal.

Por su parte, la diputada Genoveva Huerta Villegas (PAN) advirtió que el riesgo de que el Estado siga subsidiando a Pemex sin exigir mejoras en su eficiencia operativa solo prolongará la crisis financiera de la empresa. La reforma, lejos de representar un avance en la gestión del sector energético, constituye un riesgo para la economía, externó.