El pasado 27 de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en contra del Estado mexicano, que sienta un precedente muy importante. Es la primera vez que este Tribunal Internacional sentencia al Estado mexicano para armonizar su Constitución con los instrumentos internacionales que México ha firmado, en particular la Convención Americana de Derechos Humanos.

El Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad y a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala es que la figura del Arraigo y la figura de la Prisión Preventiva Oficiosa son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. La sentencia obliga al Estado mexicano a modificar su Constitución. Es la primera vez que la Corte hace referencia de la necesidad de que el Estado mexicano cumpla de esta manera sus obligaciones, que de suyo es un acto de soberanía. México libre y soberanamente decidió firmar la Convención. México libre y soberanamente tiene que atender ahora la sentencia de la Corte.

En lo que ocupa al Senado de la República es que en octubre del 2019  quedó suspendida en segunda lectura la reforma al artículo 16 de la Constitución que eliminaba el Arraigo. Llegó una minuta de  la Cámara de Diputados, entró al Senado, se aprobó en comisión; estuvo en primera lectura en 3 sesiones y de manera sorprendente (en realidad fueron las manos oscuras de la Fiscalía General de la República que alcanzan a operar en los escaños del Senado) detuvieron y quitaron el Arraigo.  Hace 3 años. Si el Senado hubiera atendido el llamado de la coherencia y congruencia no tendríamos ahorita esta sentencia.

El segundo caso tiene que ver con la Prisión Preventiva Oficiosa.

Se dijo hasta el cansancio que modificar la Constitución en el artículo 19 era contra los ordenamientos internacionales. El concepto que priva infelizmente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador des el de un entendimiento punitivo y contra los derechos humanos; amplió la Prisión Preventiva Oficiosa en la Constitución.

Hoy el Estado mexicano es señalado internacionalmente por violar los derechos humanos, en este caso en particular el Senado de la República tiene la responsabilidad de proteger los derechos de las víctimas; tiene por mandato de la Corte que armonizar lo que implica eliminar el Arraigo y eliminar la figura en la Constitución de la Prisión Preventiva Oficiosa.

Esto es de la mayor importancia. Si México no cumple esta sentencia no solo genera un precedente de incumplimiento sino que va a generar un mecanismo de mayor costo para el país.